Por Ignacio Ostera en LPO
“La deuda externa es una Alejandro Olmos Gaona es historiador e investigador. Estudió en profundidad el endeudamiento de la Argentina desde 1976 en adelante y asegura que “la deuda externa de la democracia es la vieja deuda de la dictadura refinanciada”.
Su padre, Alejandro Olmos, fue querellante en 1982 contra el cerebro económico de los militares, José Alfredo Martínez de Hoz. En el año 2000 el juez Jorge Ballestero declaró esa deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
Olmos Gaona continuó su trabajo y en el 2006 impulsó una nueva denuncia para ampliar la investigación hasta el canje de Néstor Kirchner del 2005.
En el 2008 se convirtió en el principal asesor del gobierno de Ecuador en la auditoría que mandó a hacer el presidente Rafael Correa sobre la deuda externa de ese país para determinar si correspondía o no pagar la.
Actualmente trabaja como asesor del senador de UNEN Fernando “Pino” Solanas, quienrecientemente denunció al ministro de Economía Axel Kicillof por el acuerdo con el Club de París. Al respecto, Olmos Gaona advierte que no existe documento alguno que respalde la cifra final de U$S9700 millones que el titular del Palacio de Hacienda se comprometió a pagarle a ese grupo de países de acá a cinco años.
El entrevistado fija la cita en un antiguo y deslumbrante edificio ubicado en la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, en donde no sólo Proyecto Sur sino también otros bloques como el de la Coalición Cívica tienen oficinas para sus reuniones.
Acepta las disculpas que le ofrece el cronista por llegar tarde, y empieza una interesante charla en donde se mezclan negocios fraudulentos, corrupciones y complicidades del sistema político y financiero con empresarios, del que ninguno sale ileso.
¿En qué consiste la denuncia que presentó Pino contra Kicillof por el acuerdo con el Club de París?
La denuncia surge porque el acuerdo con el Club de París permanece secreto, aunque Capitanich dijo que toda la negociación fue muy transparente. Pero si todo fuera tan transparente, se hubiera mostrado el convenio. Y no se mostró. Sólo hubo un comunicado de prensa del gobierno argentino y uno muy escueto del Club de París que está subido a su página web.
A mí lo que siempre me llama la atención- por ser historiador y descubrir documentos complicados-, me hace ver que si algo no se muestra por algo es. Porque si todo es legal, si todo es transparente, si tenemos toda la documentación en regla, debería mostrarse.
Por otro lado, Kicillof dice en el comunicado del ministerio que todo fue celebrado regularmente. Pero los documentos que nosotros tenemos demuestran que no es así. En el año 2011 se pidió al ministerio de Economía que informara de cuánto era la deuda con el Club de París, cuántos eran los intereses atrasados, quiénes eran los acreedores, de dónde provenían las deudas.
No hubo ninguna respuesta. Se volvió a insistir y desde el ministerio dijeron que ellos no tenían nada y había que preguntarle al Banco Central. A fines de 2011, principios del 2012 se le pide al Central, que dice que tampoco tienen nada. Que lo tiene el ministerio de Economía. Es decir, Economía decía que los datos los tenía el Central, y el Central que los tenía Economía.
En febrero del 2012 el Banco Central nos manda una nota -que les había mandado Economía a ellos- diciendo que lo único que tenía cuando se hizo la transferencia del sector externo, desde el BCRA al ministerio, era un listado en papel continuo. Y mandaban la lista de todas las empresas acreedoras, sin montos, ni contratos, ni nada.
Cuando uno ve eso, hay derecho a preguntar por qué no tienen nada. Y si no tienen nada, ¿sobre qué base negociaron?
“El acuerdo con el Club de París permanece secreto. Esto va en contra de un decreto de Kirchner del 2003 que establece la obligatoriedad de la información pública.”
¿Qué decía la nota?
La nota que nos remitieron decía lo siguiente: “Sólo se pudo encontrar registraciones simples impresas en papel continuo con las deudas que permitió confeccionar la lista que se adjunta”. Eso está firmado por el director de deuda pública del Ministerio de Economía.
A mí esto no me extraña, porque en la década del 80 y del 90, el juzgado federal número 2 que interviene en la causa de la deuda externa le pidió al Ministerio y al Banco Central que informaran cuánto era el stock de la deuda y dónde estaban los contratos. Informaron que no tenían nada, sólo datos estadísticos sin valor contable. ¿Cómo es posible que un ministerio y un banco no tengan nada?
En el año 1994 hay un documento del ministerio por el cual Cavallo produce un informe, diciendo que la Argentina pagaba sus deudas a los acreedores ante simple notificaciones y avisos de vencimiento. En ningún caso le pedían que acreditara la legitimidad de los créditos que reclamaran. Entonces para ordenar el sistema resuelve contratar a los acreedores para que ellos le digan realmente cuál era la deuda que tenían.
¡Esto no resiste el menor análisis! ¿Como uno va a pagar deudas sin saber qué está pagando, ante la simple notificación de los acreedores?
Por otro lado, de acuerdo a las informaciones que tenemos del Club de París, la base da una deuda al 30 de septiembre de 2013 de no más de 6000 millones de dólares. ¡Y ahora resulta que son U$S9700!
Por eso nos preguntamos, ¿es legítimo que queramos saber cuáles son los intereses, cómo se calcularon?
Además, esto va en contra de un decreto de Kirchner del 2003 que establece la obligatoriedad de la información pública. Y de una cuestión elemental de un país supuestamente democrático donde los actos que comprometen a toda la comunidad-porque salen de los impuestos que pagamos todos los argentinos, no de las arcas de los funcionarios- de saber qué fue lo que se negoció y cuáles son las pruebas, y así tener el derecho a cuestionar.
En el 2011 Boudou dijo que iba a pagarle al club de parís por U$S8.000 millones…
Boudou aclara que 100 millones de dólares que se querían incluir pero que ellos habían logrado apartarlos porque era deuda de la dictadura. ¡Como si fuera la única deuda de la dictadura que quedaba!
Cuando se produce el default de Rodrigez Saa, la deuda neta de la dictadura era de 1894 millones de dólares. Tiene que haber una auditoría completa que analice desde 1976 a hoy, qué se hizo, qué prestamos vinieron, qué se pagó y qué no. Como hizo Rafael Correa en Ecuador, que dijo “bueno voy a pagar la deuda pero primero quiero saber qué pago”.
¿Cómo se llego al monto actual de deuda con el Club de París luego de las sucesivas “rondas”?
Hubo cinco rondas. Cuando llega Alfonsín se hacen las primeras negociaciones. Después se hacen otras hasta que queda consolidada en una determinada cifra. Y a partir de ahí se empieza a pagar, pero después se deja de pagar.
La ronda final donde se hace la última en el 92’, durante la gestión de Menem. A partir de ahí la deuda se va a pagar inescrupulosamente año a año hasta el default del 2001, cuando era de poco más de U$S1800 millones, y se le sumaban U$S2000 millones de préstamos bilaterales de la presidencia de Menem. En total, eran 4458 millones de dólares.
Lo que me llama la atención, que es en lo que estoy trabajando para tratar de desentrañarlo, más allá de lo que haga la Justicia, es que al 30 de septiembre las planillas de la Secretaría de Finanzas dan atrasos por U$S4889 de capital y U$S1022 de intereses. Es decir, el total a esta fecha eran U$S5912 millones. Hemos convenido U$S9700. ¿Qué paso? ¿Cuál fue el cálculo? Queremos saber dónde están los contratos. Qué se firmó qué no. Ellos dicen que tienen todo. Que lo muestren.
¿Puede haber crecido porque incluyeron deuda privada?
Eso es lo que sospechamos. Pero el problema es no saber. Yo puedo manejarme con las cifras oficiales para que no las cuestionen. Acá hay una cifra, ¿pero a qué obedece?
¿Podían ser punitorios?
¡No puede haber U$S3000 millones más de punitorios!
¿Por qué? ¿Es mucho?
¡Es una locura, no es mucho!
Otro ejemplo. Acá están los pagos que se hicieron. Es como que no se ponen de acuerdo. En esta información que es del 23 de abril del 2012, nos dice “la deuda con el club de parís hasta el default del 2001 era U$S5342 millones”. Y ahora dicen que al 2013, eran U$S5912.
Acá no se pide nada absurdo. Que se diga cuánto es el capital, cuántos son los intereses devengados y los punitorios fijados.
Además este gobierno no la va a pagar. Paga U$S650 millones en julio, el año que viene U$S500 y después tendrás que arreglarse el que venga. Indudablemente el otro gobierno se va a tener que hacer cargo de este muerto.
Con lo de Papel Prensa, Cristina mostró documentos, fotos. ¿Por qué no se hace lo mismo con esto, que es mucho más relevante? Parece que algunas hay que mostrarlas y otras no. La deuda es una de ellas.
“Con lo de Papel Prensa, Cristina mostró documentos, fotos. ¿Por qué no se hace lo mismo con la deuda del Club de Paris, que es mucho más relevante?”
¿Qué tasa de interés da el arreglo?
No lo sé. Porque además no se sabe sobre qué base son esos intereses calculados. Se supone que los préstamos a un país se hacen con la menor tasa de interés, no es un banco extranjero que te cobra lo que quiere.
Qué digan qué interés se calculó, por qué se reconocen determinadas deudas, y por qué el gobierno pacta deuda de la dictadura sin saber previamente si es deuda real.
Si el gobierno considera que los actos de la dictadura violaron el orden legal del país, ¿por qué lo acota a un solo tema? Cristina dijo que éramos pagadores seriales. Que pagamos del 2003 al 2013 173 mil millones de dólares. Si uno toma como buena esa cifra y haces el cálculo de lo que pagamos del 83’ a hoy, hemos pagado 400 mil millones de dólares sobre una deuda de U$S45.000. Y seguimos debiendo 220 mil millones de dólares.
¿Qué acción se puede tomar?
Pino preparó una demanda penal contra Kicillof. Primero porque se soslaya el papel del Congreso. La ley establece la obligatoriedad de que la deuda pública la arregle el Congreso. Ellos argumentan que la presidenta emitió un decreto en el 2008 -firmado por Massa- donde dice que hay que cancelar la deuda con el Club de París, pero no dice las condiciones, entonces deja todo librado al criterio del ministro, lo que es absolutamente inaceptable. No se puede utilizar en el 2014 un decreto del 2008, cuando la situación era distinta.
Pero además hay otro detalle. Casi el 60% de la deuda es de la dictadura militar y el resto fueron celebrados durante el gobierno de Menem. Y no sabemos cómo fueron esos préstamos, o a qué obedecieron. Sólo está el listado de las empresas. ¿Pero qué paso con la plata? Nada de eso existe.
Con este tema de la deuda parece que Solanas y yo debemos ser locos, ¡porque todo el mundo dice que está perfecto! La UCR, Lousteu, la Coalición Cívica. Todos dicen que es el mejor arreglo y ahora van a llover las inversiones. En este tema de la deuda pareciera que nadie sabe nada de la realidad. Todos hablan a través de las cifras, de que estamos desendeudándonos, cosa que es mentira.
Entonces, ¿el acuerdo con el Club de París es legal o no?
El tema es que uno no puede hablar de un acuerdo que no se conoce. Desde el punto de vista legal, el único encargado de arreglar la deuda y negociarla es el Congreso. Acá hay una especie de interpretación de que el Congreso le ha delegado al poder Ejecutivo la facultad de negociar la deuda. El problema es que todos los tratadistas establecen que esa delegación de facultad es inválida. Pero por supuesto, como el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, puede hacer lo que quiere.
Por otro lado, a mí me llama la atención de un gobierno que ha hecho una buena política de Derechos Humanos, tratando de juzgar a todos los responsables de desapariciones, crímenes, torturas, no haga lo mismo con las cuestiones económicas de la dictadura, que sí son respetadas. ¿Por qué se respeta una cosa y se enjuicia la otra? Los banqueros, los que tienen grandes empresas y nos transfirieron sus deudas privadas, esa gente parece que es intocable.
Es como si el gobierno hace un enfoque selectivo de qué repudia y qué no repudia de la dictadura.
Por eso hay que analizar especialmente la deuda. Los vencimientos del año que viene son más de U$S11.000 millones. Este año serán U$S9000 millones, el año pasado otro tanto. No es chiquitaje. Y no es dinero que sale de algún lugar misterioso. Sale de las arcas del Banco Central, es trabajo argentino. Como a veces faltan cosas elementales, el gobierno dice que no puede prestarles plata a los jubilados pero la deuda se paga religiosamente. De hecho, en el último presupuesto están destinados U$S8900 millones para el Fondo de Desendeudamiento.
Una historia negra
¿Cuándo se empezó a investigar la deuda?
La primera investigación la hizo Grinspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín en diciembre del 83’. Esa investigación supuestamente fue destruida en el 92 cuando el Banco Central le transfirió sus archivos al ministerio de Economía. Digo presuntamente porque no me consta, pero sé que esa investigación desapareció. Había sido archivada, suspendida cuando se va Grinspun, asume Sourrouille y llega Machinea al Banco Central. Ahí se terminó esa investigación.
¿Qué había arrojado en ese año y meses? Había demostrado cómo las empresas nacionales y extranjeras habían creado rentas ficticias para defraudar al Estado. Pero de eso tampoco se habla. Los grandes empresarios que viven hablando de la seguridad jurídica, tendrían que responder de esto que hicieron. Me refiero al grupo Macri, Souchard, Pérez Companc, Bridas.
“La primer investigación de la deuda externa la hizo Grinspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín en diciembre del 83. Esa investigación desapareció cuando en el 92 cuando el Banco Central le transfirió sus archivos al Ministerio de Economía.”
¿Cuánto daba esa cifra?
La mitad de la deuda pública. 23 mil millones de dólares. La deuda que dejó la Dictadura en el 83 era de U$S45 mil millones. La deuda privada estatizada era la mitad o un poquito más.
¿Toda esa es plata que no entró?
Fue plata que no entró, porque fueron deudas ficticias que se crearon y, por otro lado, el Estado puede eventualmente asumir una deuda privada para evitar que una empresa se vaya a la quiebra, que trabajadores queden en la calle. Pero esto era una cosa muy distinta.
Yo pude rescatar algunas partes de la pericia porque me contacté con cuatro de los dieciocho auditores que habían sido nombrados y fueron a declarar a tribunales, presentaron testimonios.
Sin embargo parece que acá no pasó nada. Se habla de la corrupción pero pareciera que eso no es corrupción.
¿Cómo terminó la causa que inicia su padre Alejandro Olmos?
Primero hay que aclarar que la causa tardó dieciocho años. El juez Ballesteros se expidió diciendo que gran parte de esa deuda no correspondía a la realidad. Él se fundó en las pericias que se hicieron a fines del 80’, principios de los 90’. Tuvieron la causa dormida hasta que el juez se apuró para hacer un pantallazo final. Los peritos determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. Y en algunos casos no se conocía el destino de los fondos.
El juez dicta su fallo de una investigación acotada que va del año 76’ al 83’. A partir de ahí se reactiva una nueva causa, que había iniciado mi padre, para investigar la deuda del 83’ en adelante. Yo en el 2006 meto una nueva denuncia para que se investigara hasta el último canje de Kirchner.
Hemos presentado miles de pruebas pero el juez las acumula, las acumula, pero no cita a nadie, no interroga a nadie. Inclusive un hecho extremadamente grave que es que en los contratos de obra pública hay opiniones legales de abogados de la Argentina en el exterior, y opiniones de procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino y tiene la obligación de decir “este contrato responde a las leyes del país”.
Todos esos dictámenes fueron redactados por bancos extranjeros, inclusive el dictamen del procurador. Esos dictámenes fueron redactados por banqueros, los llevaron al Ministerio de Economía, los tradujeron allí y lo mandaron al procurador del Tesoro, que lo firmó tal cual querían. No analizó el contrato.
“En la primer causa por la deuda externa los peritos determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera.”
¿Esa causa sigue activa?
La causa está activa acumulando papeles pero no hay interrogatorios ni pericias. Una de las personas que más trató de impulsar el proceso fue el fiscal federal Federico Delgado, que pidió varias medidas de prueba, y ahí quedaron. Eduardo Freiler, que actualmente es camarista, era fiscal federal. Con Delgado le pidieron al juez de ese momento que le pidiera a la Sindicatura General de la Nación unos peritos para empezar a analizar la documentación. Les costó mucho que el juez se comunicara con la Sigen. ¿Y qué les contestó la Sigen? Que no tenían pensado dedicarse a eso.
Si no tenés la colaboración del Ministerio de Economía, ni del Banco Central, si la Sindicatura no quiere intervenir, si el juez no se mueve,¿qué resultado puede tener ese juicio? Indudablemente, ninguno.
Hace varios años un grupo de diputados presentó un escrito al juzgado federal que yo redacté, diciendo que de acuerdo a lo que establece el artículo 1047 del código civil los actos ilegales y sus consecuencias son nulos de nulidad absoluta. Entonces si el juez Jorge Ballesteros se olvidó de decretar la nulidad de eso que él consideraba ilegal, venimos a pedir que esa deuda se declare nula. El juez le dio traslado al ministerio público fiscal. Delgado dijo que la petición era correcta pero faltaban terminar algunos tramos de la investigación. Eso seguirá indefinidamente así.
Deudas viejas y nuevas
¿Qué parte es deuda de la dictadura y cuál es de la democracia?
Hablan de dos deudas, la deuda vieja, que es la de la dictadura, y la nueva, que es la del proceso democrático, fundamentalmente de los 90’, porque durante la presidencia de Alfonsín la deuda creció fundamentalmente por falta de pagos de intereses. La deuda externa empieza a crecer desmesuradamente a partir del plan Brady del 92.
Eso es una ficción, porque toda la deuda de la democracia es la deuda vieja de la dictadura permanentemente reciclada. No es una deuda distinta, excepto algunos préstamos específicos de organismos multilaterales. En general, el stock de la deuda viene de la dictadura.
En definitiva, hubo muy poca deuda nueva. Cuando uno ve que todo ese proceso ha seguido invariablemente y nadie quiso cortarlo, yo me acuerdo que en el 92 Cavallo dijo “la deuda en el año 2000 será un lejano recuerdo para los argentinos”. En ese entonces la deuda era de U$S62 mil millones, cuando se fue Menem era de casi U$S150 mil millones, y se habían vendido casi todas las empresas públicas.
Ahí hay otro detalle. Cuando se implementa el Brady, tanto el FMI, como el BM y el BID le mandan unas cartas confidenciales a la comunidad financiera para que apoyaran al gobierno, porque el gobierno se había comprometido a privatizar el sistema jubilatorio, a modificar la legislación laboral y a vender todas las empresas públicas, especialmente la petrolera estatal.
Con todo eso de fondo, están los que hablan de honrar la deuda. Yo siempre digo, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Y evidentemente esto es una descomunal estafa que nadie quiere destapar.
Yo le mande en el 2010 una larga carta a la presidenta haciéndole una recopilación de todo lo que había en la Justicia sobre el tema. Dije “ya que ella tiene gran protagonismo, se encarga personalmente de determinados asuntos, le voy a comentar todo lo que hay en el sistema federal para impugnar la deuda y negociar con los fondos buitre”.
Yo siempre digo, las deudas hay que pagarlas, las estafas no. Y evidentemente esto es una descomunal estafa que nadie quiere destapar.”
¿Y le respondió?
Siempre digo lo mismo: hubiera preferido que no me contestara nada, o recibir dos líneas que dijera “acuso recibo”. Pero no. Me mandó una carta de casi dos carillas el Secretario General de la Presidencia el doctor Oscar Parrilli, diciendo el notable trabajo que había hecho mi padre por la deuda con su investigación, pero todo había ido al Congreso y el Congreso no había hecho nada.
Con una conclusión final. Que gracias al esfuerzo de ellos, la deuda que era del 160% del PBI en el 2001 ahora representaba el 41%. Lo cierto es que el PBI del año 2001 eran 90 mil millones de dólares y en 2012 era de 370 mil millones de dólares. Es decir que la deuda no bajó, sino que el PBI subió.
Todo se disfraza. Cuando dicen “subió la deuda en relación al PBI, o a las exportaciones”, son las mismas explicaciones que dio Alfredo Martínez de Hoz cuando fue indagado por el juez federal.
