La deuda externa es el monto de dinero que un Estado debe a otros Estados, a Instituciones Financieras Internacionales (como el FMI o el Banco Mundial) y al sector privado exterior (bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, ahorradores…), por sus relaciones comerciales, financieras o de inversiones. Aunque todos los países del planeta tienen una deuda externa, este concepto se acuña principalmente para los países del Sur.
Historia de la deuda externa argentina
Bernardino Rivadavia,
durante su administración comenzó la historia de la deuda externa argentina con
el empréstito Baring Brothers.
La historia de la deuda externa argentina comenzó en 1822 durante el gobierno de Martin Rodriguez y desde entonces ha sido una solución momentánea por un
lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de
todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con lacrisis de 2001,
el 23 de diciembre el país entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa, la cual ascendía a 144.000 millones de dólares.1
Durante
2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con
los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y otros menores). Para octubre de 2012 ya se habían
pagado más de 270.000 millones de dólares,2 reduciéndose
el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.3 4
En
el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2.159 millones de dólares, bajando
hasta U$S 139.137 millones.5 6
La
deuda externa bruta total a fines de marzo de 2014 se estimó en u$s 137.810
millones, lo que implica una reducción de u$s 562 millones respecto del
trimestre anterior.7 En
mayo 2014 se logró cerrar el acuerdo para salir del default con el Club de París por 9500 millones
de dólares.8 9
El empréstito Baring Brothers
La
historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de
Representantes de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al
gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o
cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser
utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento
de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa
entre Buenos Aires y
el pueblo de Carmen de Patagones.
Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
El
1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación
representó 150.000
libras , de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en
carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para Baring.
El
Estado de Buenos Aires por su parte "empeñaba todos sus efectos, bienes,
rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de
1.000.000 de libras esterlinas y su interés".
Como
no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces
el territorio se denominabaProvincias
Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la
mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio
que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas
comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final,
del millón de libras que totalizaba el mismo, sólo llegaron a Buenos Aires unas
560.000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.
Finalmente,
el dinero del préstamo fue entregado al Banco de Descuento para que lo
repartiera como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los
que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar
ochenta años más tarde.10
Tras varios años de prosperidad, el
Presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su gobierno la primera
gran crisis económica del Estado moderno.
En
1867 el Banco de la Provincia de Buenos
Aires creó la Oficina de Cambios a
través de la cual la
Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la
moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta 1873
esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte
ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo proveniente
de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos provinciales en
el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una
enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con la creación de los
bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por sí importante
actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el Paraguay.
Este
febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la
actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica,
como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las
importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía
al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las
importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las
exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.
No
obstante, mientras la
Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación
deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del
desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales,
en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de
inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza
comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de
metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones,
por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente
deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el
exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del
Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal
administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó
duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de
1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las
exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones,
particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la
tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a
ser superavitaria.
El
presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía
la situación económica del país en los siguientes términos:
"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años
a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos
que la Nación
y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos,
el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito.
El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables
capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos
estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la
otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas,
exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la
hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a
encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y
públicos."11
Para
fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada,
permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión económica
que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo del
Poder Ejecutivo Nacional.
El Gobierno de Juárez Celman se
caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un
colapso financiero.
Durante
la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las inversiones
extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la
economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.
A
partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se
produce una verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles.
Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus
verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó
a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad
de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría
desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.
Puede
decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza de
los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que
los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin
embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento
productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para
poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.
A
esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y especulación
de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se deslumbraron frente
a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.
Si
bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo a
un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente
intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión
demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo
ámpliamente su capacidad de negocio.
El
crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva
expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda,
amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto paralizando la
entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los
informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se
mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su
atención hacia otros mercados.
Así
fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de
solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos
europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores
de la Bolsa y
el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó
infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los
inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La
catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring
Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los
banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no
favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos
empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una
drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no podía
aceptar la propuesta, ya que ésta política de austeridad hubiera destrozado su
apoyo político.
Al
compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la
fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12
de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo,
en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas
claves: José E. Uriburu en Hacienda yRoque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo
ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los
banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los "nuevos
ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de
austeridad económica, como el aumento del 15% en los impuestos aduaneros,
además de la exigencia de recaudar el 50% de los impuestos en oro.
Las
medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en marcha
por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez
Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez
Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró
su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día
el oro subió de 118 a
165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se
repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos.
Finalmente,
el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el
entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos
europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el
arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza,
y el presidente de la
Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en
marzo de 1891.
El
acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al
gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la
circulación monetaria. El crédito del gobierno había sido salvado, aunque a
costa de generar un sentimiento popular antibritánico, que se tradujo en
ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata.
Resuelto
a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su
artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la
inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también
importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500
empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de
una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.
Los
problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild,
pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini
debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas
contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la
administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50%
de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las
exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los
depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio
obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores
exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel. Tampoco a los
industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una
especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los sectores que
más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos
problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector
urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que
especulaban con tierras y valores mobiliarios).12
1892 al 1900
Carlos Pellegrini fue quién piloteó la
salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para
unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.
El
Presidente Luis Sáenz Peña, que
asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por
Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda,
Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su
deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El
3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los
intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción
fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de
los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma
de 1.565.000 libras
al Banco de Inglaterra, para
que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría
directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma
directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos
Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses
que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el
proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.
Los
méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el
problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso
fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero
de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de
pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar
todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los
contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como
resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron
abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas,
logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%.
Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna
compañía ferroviaria.13
Si
bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido
resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían
tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers,
que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los
préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las
inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos
crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector
agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y
volúmenes de sus exportaciones.14
En
1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como Presidente de la Nación , mientras que su
gran colega político Carlos Pellegrini, asume como Senador Nacional. Roca le
pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la
consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo
empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de
unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4%
de interés anual y 0,5% de amortización, a largo plazo, y con obligaciones
garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del
Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones
públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción
que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento
entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente
creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza
entre los inversores.15 16
Perón y la Deuda Externa
Juan D. Perón. Afiche de 1948.
Para
un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D. Perón inaugura
en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representa una singular
y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones.
Este logro serviría para dar consistencia a su discurso, constituyéndose en un
acontecimiento de alta significación doctrinaria para los sectores populares.
El
tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los puntos
centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán
el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina se logra
en 1952. El Estado peronista destaca entonces que el país deudor dem$n 12.500 millones se convertía en acreedor
por más de m$n 5.000 millones.
El
período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en
consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la deuda
externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12.649.471
perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito
argentino-británico contenido en el Convenio Roca-Runciman (1933). Se gesta entonces una situación
inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824.
La
gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza
comercial entre 1946-48 se aplican a la repatriación de la deuda externa. Así
mismo la deuda interna disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.17
En
1949, con la reforma de la
Carta Orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez
más acelerado del mercado interno nacional, aparece el efecto inflacionario,
que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.
En
este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con Estados
Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina un préstamo
por 125 millones de dólares destinados
a saldar las deudas con los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones
extranjeras de 1953 como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan
cuenta de un viraje del gobierno respecto a la utilidad de los capitales
internacionales.18
Argentina y el
Club de París
Tras
el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el General Pedro Eugenio Aramburu,
intenta reactivar el flujo de comercio, para lo cual adquiere un nuevo préstamo
externo destinado a financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con
varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía
podría ser amortizado en el transcurso de un año.
Pronto
resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un plazo tan
corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a
los 11 países acreedores de la
Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación
de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el 14 y el 16 de mayo de
1956.19 20
De
esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y
países deudores. Su función primordial sería la de coordinar formas de pago y
renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo.
Desde su creación en 1956, hasta 2009, el Club de París efectuó 408 acuerdos
con 86 países deudores.
Argentina y el
FMI
La
idea de crear un Fondo Monetario
Internacional (FMI)
fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton
Woods (Estados
Unidos), poco antes de que terminara la Segunda Guerra
Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el
objetivo primordial de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel
internacional, facilitar el comercio entre los países y reducir la pobreza a
nivel mundial.
Al
poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para
elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a
funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a
financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de
apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que
cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un elevado
costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión
pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los
ideales "desarrollistas" y a
las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el
lanzamiento de "La Batalla del
Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social
en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que
debilitaban la posición del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.
Dos
misiones del FMI estuvieron en la
Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio, el país
debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las
empresas extranjeras de electricidad que venían de la época peronista. Las
primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas
de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy
pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era
políticamente débil y su Partido (la UCRI)
era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba
necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los
observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a
las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de ajuste del
gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los
lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando
oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.
Para
acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y
obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con
los países acreedores europeos nucleados en el "Club de París".
A
mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores
europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones
económico-financieras de la
Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un
cónclave extraordinario de representantes del "Club de París" para
que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a
remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar.
También se logró que los europeos siguieran dando al país el mismo tratamiento
cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención
argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos
términos que se habían pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen
cambiario y comercial argentino (adoptado a instancias del FMI y del gobierno
de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.
Con
este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los
organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados
norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329
millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización
Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica
del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y
liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo
reprimida ante la falta de divisas.
El
nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía
nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e
inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit
fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas generales, todas ellas
tendían a restaurar unaeconomía de mercado en un país donde ya se había afianzado
una fuerte tradición de intervención estatal en la economía, que se remontaba a
los años ´30.
Las
turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que
había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en
agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central
estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió
al compás del tipo de cambio.
La
entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como
de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de
una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el
entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se
basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio
ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia,
resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales.
Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las
últimas consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad
productiva de la economía.
Sin
embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas
y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto
Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero
anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el
Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó
la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Los
militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque el
Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue
detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluido de su mando.
Ese
mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron
una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito
del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo
del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder
financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación
de los acuerdos firmados.21
Desde 1966 en
Adelante
Deuda argentina 1994-2004. Expresada en
millardos (mil millones) de dólares y azul para la deuda externa.
En
el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín
Lanusse (1966-1972)
la deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a
4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez
de Perón (1973-1976)
la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones, un 62%, dando
el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per capita).22
Durante
la última dictadura militar, autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de
dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500
dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se
caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de
interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de
importantes corrientes de capitales a toda América Latina.
A
partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por
reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera
paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales
extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas
fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la
actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita",
un instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir,
cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes
ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que
permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la
moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor
psicológico" que durante años había provocado un aumento constante en los
precios, sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación
programada, de modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la
década.
Este
cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida
"bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el
diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales,
factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el
negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas
ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el
mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente
recorvertir esos pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas
ganancias. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del
endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito
internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.
Para
1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a
lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis
bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco
de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos
privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes
bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó
un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de
depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981
finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que
ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas
trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.
Ante
esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de
cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas
con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad
fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas
deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda
externa privada.23
Este
hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares.
Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que
adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas
Urbanas, Pérez Companc, Acindar,
Banco de Italia y Alpargatas entre
otras.22
Durante
el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700
millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123%, con
146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667
millones de dólares, subiendo un 9%.22
En
lo que va desde la caída de de la
Rúa hasta fines del 2013, la deuda bajó a 137.613 millones de
dólares24 a
raíz de las gestiones realizadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner.
El rol del Fondo
Monetario Internacional en la deuda externa
Durante
la dictadura militar de 1976
a 1983 se dio desde el Fondo Monetario
Internacional (FMI)
un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con
facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del
petróleo, el monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el
gobierno previo pero sólo se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito
aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se
apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares.25
Ello
agudizado por el ministro de economía designado con el aval del banquero David Rockefeller en el gobierno deJorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez
de Hoz, quien enfatizó las privatizaciones de las empresas del
estado más productivas. La deuda externa se multiplicó por seis en tan solo
seis años, de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de
dólares en 1982. Vale aclarar que nunca se esclareció a dónde se destinó esa
deuda, varios analistas aseguran que unos 30.000 millones de dólares tuvieron
un carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció en cuentas en el
exterior a nombre de argentinos.25
Durante
una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el
juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos
vinculados al endeudamiento externo en la época militar:
"(La deuda externa) ha resultado
groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de
una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a
través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo
de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener
empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de
sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se
fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en
los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas
Fallo judicial del juez Ballesteros.25
El
FMi había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que
figuraban que la nación sólo se podría endeudar con el aval del presidente del
Banco Central, Adolfo Diz ex
director del FMI, y del ministro de economía Martínez de Hoz. Se solicitó
además la eliminación de aranceles de importación,
reorganización del sistema financiero, unificación de la moneda y liberación
del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular divisas, Diz
y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se
declaró la inflación. El dólar barato junto con la baja de aranceles produjo
una estampida de importaciones que destruyó la industria nacional y el crack
bancario de la década de 1980 fue resultado del mismo dólar barato, con el
libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron
especulaciones y diversos fraudes financieros.25
Entre
1989 y principios de los años de 1990, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del entonces secretario del
tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady se
implementó en varios países latinoamericanos como México, Brasil,Ecuador, Venezuela y Argentina que
se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro norteamericano.26
"El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la
deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al
plan su deuda era de US$63.000 millones, y se refinanció US$33.000 milones.
Pero para el año 2000 la deuda, después de costosísimos pagos, era de
US$150.000 millones"26
Fue
una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los
balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que
los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera
irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y
los bienes públicos.26
En
diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se
canjearon los viejos préstamos por nuevos "bonos Brady" a 30 años,
otorgándose quitas en el capital y bajas tasas de interés. Se canjeó deudas por
un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó un poco más de 8.300
millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:27
· Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del
35% y tasa flotante LIBOR de 0,8125%. Unos 4.300 millones de
dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a
2.300 millones de dólares.
· Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero
pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4% a
6% anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12.700 millones de dólares se
canjearon por este tipo de bono.
· Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con
tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125%. Su emisión canjeó unos
8.652 millones de dólares.27
El Camino del Default
La
estabilización económica
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El Ministro Domingo Cavallo fue el
responsable del Plan de Convertibilidad por el que se rigió la economía
argentina durante casi toda la década del ´90.
En
1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final
de la Segunda Guerra
Mundial, la Argentina
había logrado mantener una economía estable, tanto en aumento de precios como
en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación
promedió el 25% anual, con un pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo,
y uno mayor, excepcional, del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi.28 Sin
embargo, a partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60%
anual.29 Para
los años ´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la
riqueza más equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación
afectaba fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más
desorganizada e improductiva.
Durante
1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendió
al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3.079%.30
Para
lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un
replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura
generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la
desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción
del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y
la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el
2.314% en 1990.31
El
gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para continuar
reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal
también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 hasta 1995
se mantuvo cercano al 0%.
Los
precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en
mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos
pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y
financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este
último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una
virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en
circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder
canjear en cualquier momento cada peso por un dólar estadounidense.
El
proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en 1990 a 84% en 1991, 17,5% en
1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en 1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo
sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que
respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de
3.808 millones de dólares a fines de 1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre
1991 y 1994 el producto bruto interno creció al 7,7% anual.
Sin
embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido
relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una
recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta
la década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente
improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del
Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90
habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era
suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la
tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18,4%
de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se esperaba que en
el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte
crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a
los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para
viviendas, a tasas moderadas de interés, que por décadas habían sido
inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al sector de la
construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del empleo.32
Con
respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante
los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los
pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que
provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.
En
abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera
parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó
levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de
Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares. El
restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la puesta
en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema de la deuda.33
Con
respecto a este hecho vale recordar las palabras de Nicholas Brady y Domingo
Cavallo, sobre el desarrollo de la economía nacional y las perspectivas sobre
la evolución de la deuda:
“[...] En ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico
como en la Argentina ,
donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más
optimistas. En efecto, los déficit fiscales se convirtieron en excedentes, la
inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de
millones de dólares de capital privado llegaron al país [...]. El panorama
económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el
horizonte”34 Nicholas Brady, agosto de 1993.
“Dado que se prevé que la deuda pública bruta externa se
estabilice en torno a los 46 mil millones de dólares, para comenzar a reducirse
hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI
del orden del 15,4 por ciento. Hacia fin de siglo, la deuda pública será
insignificante”35 Domingo
Cavallo, 1993.
Sin
embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87.091
millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había
elevado a 90.471,80 millones.
Ni
los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8
millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante
aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el
crecimiento de la deuda.36
En
1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había
ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue
realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo
Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido
entre aquellos años, no era tal y esto se debía a diversos factores. Por un
lado, se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de
deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no
registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes
públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda
de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una
caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda real de
1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si se tomaba
en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder de compra
equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría a U$S
104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento
real del país habría sido de U$S 11.754 millones.37
El desgaste del
modelo
Para
1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del
Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que
había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado
recuperar niveles de inversión y de crecimiento que sólo se habían visto a
comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se
produce con el Efecto Tequila (crisis
de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un
aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso
mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían
pasado de 17.930 millones a fines de 1994 a 12.496 millones de dólares para marzo de
1995. A
su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La
recesión en la Argentina
duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de
reactivación a un ritmo del 3% anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno
para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de
junio de 1996, las reservas ya superaban los 20.000 millones de dólares.
Sin
embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la
economía y dejó al descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta
corriente era de vital importancia para sostener a la Convertibilidad ,
ya que mientras hubiese superávit o al menos un equilibrio en las cuentas, el
sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de divisas para importaciones
provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había
compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al
proceso de privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una
nueva fuga de depósitos locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes
inversiones los conglomerados internacionales comenzaron a girar utilidades y
dividendos hacia sus casas matrices. Además, muchas empresas habían aprovechado
el contexto internacional favorable para endeudarse, ya fuera emitiendo de
obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos bancarios
directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de
pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del
sector público era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el
desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio
Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses
dentro del gasto público.
Domingo
Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había
generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por
la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o
reducción de impuestos "distorsivos", particularmente aquellos que se
aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad
y el empleo.38 Sin
embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al
funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993
y 2001 pasó del 6,2% al 6,4% del PBI), mientras que el gasto público social
creció muy levemente, del 20,3% en 1993 al 21,8% en el 2001. En contrapartida,
los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido
significativamente del 1,8% al 5,3% del PBI entre 1993 y 2001.39 Por
lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que
se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió
realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los
servicios sociales.
Desde
principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le
puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó
estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos
del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa
del impuesto al valor agregado (IVA) del 18 al 21 por ciento (dispuesta en
abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos,
para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de
julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2% de
PBI.
Parte
de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de
1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el
régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado,
que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta
merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre
otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas
de interés.40
La
fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde
principios de 1995. A
contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al
Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo
financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de la
década del ´90. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron
aceptar el ofrecimiento hecho por el gobierno federal, que las obligaba a
privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad
social de sus empleados.
La
situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en el sudeste
asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a
otras regiones del mundo:41 en
agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia,
con una fuerte devaluación del Rublo,
lo que provoca el colapso de la deuda rusa.42 43 44 Poco
después la crisis se extiende a Brasil, que en enero de 1999 se ve obligado a
devaluar su moneda.45 46 47 48 49 50 51 52
Estos
factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir
de 1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una
restricción crediticia a nivel local, que afectó tanto al sector público como
al privado. Por un lado, las provincias debieron soportar un aumento en la tasa
de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas
empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. De ahí
en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de crecer.
Por
otra parte la depreciación del Real brasileño y de otras monedas a partir de
1995, determinó una clara sobrevaluación del Peso por estar fijado al Dólar.53 54 La
imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres
de aranceles tras la creación del MERCOSUR), golpeó mucho a las empresas agropecuarias
y manufactureras.
Para
fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando De la Rúa, estaba
claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.55 El
problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se
había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se
arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:
-
Provocar una "dolarización" forzosa de la economía, para eliminar la
incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el Peso y el Dólar. Esta
opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el
proyecto finalmente no prosperó.56 57 58 59 60 61
-
Defender la
Convertibilidad a rajatabla,62 reduciendo
el gasto público,63 reestructurando
la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas
argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y
cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el
valor del Peso a otras monedas además del dólar (como el Euro o el Real) lo que
brindaría un mayor margen de maniobra.
-
Devaluar el Peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión
monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida
recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más
efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o
parcialmente la Ley
de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en
default casi toda la deuda pública y privada, "pesificar"
forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la
moneda con un resurgimiento de la inflación.
Fernando
De la Rúa optó
por el segundo camino. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales
decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron
diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria
nacional. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar
inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó
reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a
las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes,
puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro
recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el
estallido de la burbuja "punto com" en marzo de ese año repercutió en un incremento
de las tasas de financiación (que llegaban al 14% anual en dólares) y agravó
aún más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor
recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal. El círculo
vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus
deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban
una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda
Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos
empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban
retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de
los bancos les hiciera perder sus ahorros.64
El Blindaje
El Presidente Fernando de la Rúadebió
enfrentar un contexto económico sumamente desfavorable para la economía
argentina.
En
octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez,
disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio
Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del
sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1.038
millones en noviembre.
A
comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario
blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de
España (el mayor inversor extranjero de la Argentina ) y de un grupo de bancos privados que
operaba en el país. El "Blindaje" finalmente se aprobó en el mes de
diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40 mil millones de dólares, sin
embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el
congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por
cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema
previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.
El
desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años,
con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único
destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de
los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el
Gobierno y el sector privado.65
Sin
embargo, el “Blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta
marzo de 2001. A
principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no
lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas
con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de
Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes
de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de pesos/dólares,
la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese
contexto se produce la renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy.
Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del
año por 2.000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como
salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios
miembros del Gabinete Nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El
propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15
días después de haber asumido en su puesto. En ese contexto, Fernando De la Rúa ofrece el cargo de
Ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de
conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo
consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no
haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el
primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las
autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de
canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros
del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría
avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo.
Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no
conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional
había perdido el acceso al mercado de bonos.
El Megacanje
La
deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias,
contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial
ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado
pago de intereses por 3.500 millones de dólares.
Por
pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de
facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la
recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí
aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido
del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos
como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera
a la deuda pública provincial, porque ésta ya estaba garantizada por los
impuestos de la
Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la
hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar
a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales
obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos
nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado
"Megacanje" tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública
provincial y como operación a tasas de mercado.
Domingo
Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran
la iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el Presidente De La Rúa. Sin embargo, para
aquel entonces el Presidente no contaba con el aval de la Alianza en
el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.
El
lanzamiento del Plan de Competitividad y el Megacanje de deuda, tuvieron éxito
en revertir la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una
significativa recuperación fiscal durante los meses de abril, mayo y junio.
Así, a la fuerte salida de depósitos de marzo, siguieron aumentos de depósitos
de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en junio. El
déficit fiscal del sector público, que había sido de 3.018 millones en el
primer trimestre del año, descendió a 2.192 millones en el segundo trimestre.
Durante
la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias
fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una
necesidad financiera conjunta no inferior a los 3.000 millones de dólares y
requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa
semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no
fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un
préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la
licitación de Letras del Tesoro Nacional determinó una tasa de corte del 16%
anual para plazos de 180 días.
Ante
esta situación, Cavallo lanzó el programa de “déficit cero”, según el cual la
recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los
intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del
sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de
salarios y jubilaciones del 13% que trajo aparejada una nueva profundización de
la crisis socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios,
volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar
las amortizaciones de capital de la deuda provincial, así como de la parte aún
no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de
depósitos bancarios que ascendió a 5.268 millones de pesos durante julio y a
2.091 millones de pesos durante agosto.
La
nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con
el FMI para movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de
reservas del Banco Central y del sistema financiero. Esta negociación debía
incluir no sólo la Ley
de Déficit Cero sino también una reestructuración completa de la deuda nacional
y provincial que permitiese bajar la carga de intereses que estaba pagando el
país en el 2001: se debía bajar de l4.000 millones de dólares (11.000 la Nación y 3.000 las
provincias) a no más de 7.000 millones de dólares (5.500 la Nación y 1.500 las
provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la
aprobación de un nuevo préstamo de 8.000 millones de dólares, de los cuales
5.000 millones fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la
liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y 3.000 millones quedaron
para ser desembolsados entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 como apoyo a la
reestructuración de la deuda. Además continuaban en vigencia los desembolsos
pendientes del “Blindaje”.
El
nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante
septiembre y octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda
debió demorarse hasta el 1º de noviembre debido a las numerosas voces que
proponían el Default durante la campaña electoral que culminó el 14 de octubre.
Para avanzar con la reestructuración de la deuda era necesario contar con la
autorización para utilizar los impuestos, en particular el Fondo de Crédito
Público, como garantía de pago. Luego de la elección de octubre, el Presidente
Fernando De La Rúa
consideró que se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar
sobre el programa de reestructuración de Deuda Pública Nacional y Provincial
utilizando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución Nacional
otorga al Ejecutivo.
El
1º de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que
permitió llevar delante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y
provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Ésta iba a ser la Fase 1 de un canje integral
de la Deuda Pública
Nacional y Provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI
y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos
los bonos en manos de tenedores externos.
Hacia
mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los
bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus
acreencias por el préstamo consolidado.
La
deuda pública nacional, que ascendía a 118 mil millones de dólares, constaba de
tres componentes:
a)
la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil
millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de
riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal[cita requerida]
b)
La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo
garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3
años más largos que los originalmente planeados. Se habían presentado
voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre
los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de
bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley
argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino; c) Los bonos en
manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado
en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 mil millones de
dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 %
anual.
La
transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo
garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto
nacional, de otros 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta,
muy parecida a la que obtenían las provincias por su deuda.[cita requerida] Por esta maniobra se investigó la
selección irregular del consorcio de bancos integrado por el Banco Francés,
Banco Galicia, Credit Suisse First Boston, Grupo Santander Central Hispano,
HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.66
Según
testimonio del entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una
propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado,
que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de
intereses.[cita requerida] Es decir que se esperaba conseguir otra
reducción adicional de 2 mil millones de dólares en el costo anual de intereses
para el presupuesto nacional.[cita requerida] Para esta oferta ya se había designado
un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel
de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Por
el megacanje fueron procesados representantes del Estado Nacional, con antigüedad
en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública
en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al
momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión.67 el
juez Ramos procesó al actual diputado por el PRO y expresidente del Banco
Ciudad Federico Sturzenegger;
al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; y al estadounidense David Mulford, pero ex
funcionario permanece prófugo.68
Ese
mismo año el Congreso aprobó la
Ley de "Déficit Cero", que preveía reducciones de
gastos primarios por parte de las provincias y la Nación , equivalente a 6 mil
millones de dólares anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del
plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido
durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un
eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de
2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas
provinciales (LECOPs),
las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían
rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y
normalizada la recaudación impositiva.69
El Corralito
Cuando
se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales
comenzaron a señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados
podría crearles problemas de caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que
más habían prestado a las provincias como los que podrían encontrar
dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario.
Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido
estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2.917 millones de
dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando
arreciaron los rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la
fase 1 del canje.
Para
frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra alternativa que concluir
exitosamente la reestructuración integral de la deuda pública nacional y
provincial, en el más breve plazo posible. En este contexto, Domingo Cavallo
inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes
del “Blindaje” y los 3.000 millones de dólares que habían sido aprobados en
agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. La única
exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un proyecto de
ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y
la aprobación de la Ley
de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de gobernadores
convocada por el Senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el
proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado
parlamentario antes de fin de año.
La
situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre se
produce un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1º
de diciembre de 2001 se decide establecer controles de cambios y restricciones
al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida fue oficialmente
denominada como la "Bancarización" de la economía (ya que pronto
generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas
de débito), aunque popularmente se la conoció como el "Corralito"
ante la imposibilidad de poder retirar dinero en efectivo de manera normal.
Según el compromiso del ministro Cavallo, las restricciones se iban a levantar
el 1º de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener cerrada la segunda
etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual de
intereses de 6 mil millones de dólares. Mientras tanto los depositantes
conservarían sus depósitos en la moneda que ellos quisieran y podían realizar
sus pagos en Argentina utilizando cheques, tarjetas de débito o transferencias
bancarias, pero tendrían limitaciones para transformarlos en pesos o dólares
billetes y para hacer pagos al exterior, los cuales debían ser autorizados por
el Banco Central.
Los
bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para
atender el retiro de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar
sus obligaciones según el procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.
Simultáneamente
con el levantamiento de estos controles, se pensaba dejar flotar el Peso
Argentino dentro de una banda definida por el valor del Dólar y el valor del
Euro, con lo que mientras el Euro fuera más débil que el Dólar, el Peso podría
devaluarse hasta alcanzar el valor del Euro. Si el Euro pasara a valer más que
el Dólar, como efectivamente ocurrió en mayo de 2002, el Peso volvería a quedar
pegado al Dólar, pero a un dólar más débil, y, por tanto, más favorable a las
exportaciones argentinas. La inflación por su parte se habría mantenido al
nivel del 2 o 3 % anual, como había ocurrido durante los años normales de
la convertibilidad y la recuperación de la normalidad financiera habría
revertido la caída de la recaudación de IVA y Ganancias.
Además,
para comienzos del 2002 se contemplaba que el Banco Central dispondría de
reservas adicionales por más de 4 mil millones de dólares, como margen de
maniobra, ya que todo el proceso sería acompañado por el FMI, organismo que se
había comprometido a desembolsar 3 mil millones de dólares cuando se aprobó el
aumento de la asistencia en agosto de 2001 y estaba pendiente el desembolso de
la cuota del blindaje correspondiente al cuarto trimestre de 2001, por 1.260
millones de dólares.70
En
el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se
había incluido una partida de 5.500 millones de dólares para intereses
(exactamente la mitad de lo presupuestado para el 2001) en total acuerdo con
los resultados que se esperaban obtener del programa integral de
reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje de los
40.000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la Fase 1, esa sería la cifra de
intereses.
El
19 de diciembre debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para iniciar la
discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr. Jorge Baldrich el día
20. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de enero, el
FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la Fase 2 de la reestructuración
que tenía fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser
completada antes del 15 de febrero del mismo año.
Según
el propio Ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el
establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la
confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la
carga de la Deuda
Pública Nacional y Provincial y limpiaría de vencimientos de
capital los próximos 3 años.
La crisis
institucional
A
medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la
cesación del pago de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las
empresas y los gobiernos provinciales fuertemente endeudados en dólares el
problema del país sólo se resolvería con una "licuación" de los
pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la
moneda. La ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración
ordenada de la deuda pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre,
sumado a comentarios informales sobre que el programa de reestructuración de la
deuda no conseguía una quita suficiente, hacían suponer que el organismo ya
especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o temprano, un default
generalizado.
Para
marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación
de los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad
monetaria. El Presidente consideraba que se debía avanzar en la dirección del
ajuste fiscal de la Nación
y las provincias como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había
intentado previamente José Luis Machinea, aunque adoptando medidas
arancelarias, tributarias y de ampliación de la convertibilidad que permitieran
recomponer la competitividad de la economía. Evitar la cesación de los pagos y
mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la Rúa había defendido en su
campaña electoral, en contraposición con la postura más confusa que sobre esos
temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde.
En
el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado
convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar
una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como
garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las
deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores
justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó por
teléfono al Presidente De La Rúa
para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, éste
le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba
con el apoyo del Partido Radical.
Poco
después el Congreso Nacional aprobó la
Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y contenido de
los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI
decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3.000
millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país
debería dar muestras de suficiente “unidad política”.71
Las
restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y
que fueron popularmente denominadas como el "corralito", afectaron a
mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquéllos que operaban en la
economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El gobierno
del presidente De La Rúa
había perdido el apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.
El
día 14 de diciembre Cavallo logró cancelar el vencimiento de Letras del Tesoro
(Letes) por casi US$ 770 millones. Para cancelar esta obligación el país
realizó un aporte en efectivo por 409,7 millones, mientras que los restantes
US$ 360 millones se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que
fue absorbido, en forma compulsiva, por las propias AFJP.72 Para
evitar, a toda costa, el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el
FMI una postergación de pago de otros US$ 900 millones adicionales que debía
realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de
diciembre fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.73 Los
responsables del Megacanje fueron procesados por la justicia argentina por el
delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, según el
juez, los ex funcionarios entre ellos Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger,
Secretario de Finanzas en ese momento, actual diputado del PRO,
se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los
bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos
el precio de corte que iban a tener los bonos74
El
día 19 de diciembre debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el
tratamiento del Presupuesto Nacional para el año 2002. Sin embargo, esa fecha
amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano
bonaerense, donde la inacción policial fue evidente. A dicha comisión se
presentaron los legisladores justicialistas, pero los radicales se ausentaron
todos, boicoteando el tratamiento del Presupuesto.
Esa
mañana un grupo de dirigentes de la Unión Industrial
Argentina, entidad liderada por Ignacio de Mendiguren, habría
convencido al presidente de la UCR
y gobernador del Chaco, Ángel Rozas, sobre la conveniencia de abandonar la
convertibilidad y pesificar la economía.
Por
la tarde, dirigentes de la UCR ,
entre ellos el Senador y ex Presidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando
De La Rúa , para
plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo el Gabinete. Domingo
Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese
mismo día.
El
20 de diciembre, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y
marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del
presidente radical, Fernando De la
Rúa. En el centro porteño la policía federal era desbordada,
aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Las centrales
obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.
Aferrado
al escaso sector radical que aún le respondía De la Rúa intentó convocar al
justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El rechazo del PJ
decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19.45 horas
de aquel 20 de diciembre de 2001. Apenas en la mitad de su mandato
constitucional, Fernando De la Rúa
debió abandonar la Casa
Rosada en helicóptero.75
Con
la crisis de diciembre de 2001, Argentina, el 23 de diciembre del mismo año entró en suspensión de pagos(default)
de su deuda externa que
ascendía a 144.000 millones de dólares.1 Este default. Durante 2003, el gobierno deNéstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con
los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y otros menores) en lo que se llamó el canje de la deuda argentina. A fines de 2004, la deuda externa
total alcanzaba los 178.000 millones de dólares. Sin embargo, quedaban aún en default 81.800 millones de dólares en títulos en
manos de acreedores privados.
Para
octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, la
deuda había descendido a 141.803 millones. En 2013 aún tiene entre 8.000 y
10.000 millones de dólares de bonos en default.76 Reduciéndose
el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.77 78 En
el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2159 millones de dólares, bajando
hasta U$S 139.137 millones.79 80
Default y
devaluación
Rodríguez
Saá asumió la Presidencia
el domingo 23 de diciembre. Al día siguiente la Argentina debía afrontar
dos vencimientos de deuda: uno de US$ 13 millones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y otro por US$ 4,3 millones en Eurobonos.81
Luego
de jurar, Rodríguez Saá dio un discurso entusiasta: "Vamos a tomar el toro
por las astas (...) en primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá
el pago de la deuda externa", tras lo cual estalló una ovación entre los
que se encontraban dentro del Congreso. Sin embargo, esa misma noche el ya
Presidente Rodríguez Saá aclaró: "Esto no significa el repudio de la deuda
externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del
primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la
deuda externa el tratamiento correcto", dando a entender que se buscaría
renegociar el pago de esas acreencias.82
La
polémica decisión despertó opiniones encontradas. Manuel Solanet, economista de
la Fundación
de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL), comentó al respecto:
"He quedado mal impresionado por el discurso del nuevo
presidente. Me parece lamentable que la declaración de default se muestre como
un acto positivo. Lamentablemente, tengo una opinión general de
desaliento."83
Mientras
tanto, Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital
y que poco después llegaría a ser Presidente del Banco Central (2004-2010), se
mostró de acuerdo con la suspensión de pagos de la deuda. Su opinión en aquel
momento era la siguiente:
"es una moratoria y no un default (cesación de pagos). Hay
que asumir la realidad. La
Argentina no podía pagar la deuda" .84
Más
allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28
otro pago por US$ 504,2 millones, en concepto de Letes. Además de compromisos
que vencían en enero de 2002, por un total de US$ 553 millones, de los cuales
US$ 136 correspondían a pagos de capital y US$ 417 a intereses de la deuda.
La
deuda pública ascendía entonces a US$ 132.143 millones y los títulos públicos
representaban el 72,2 por ciento del total. Al momento de declararse el
default, los principales acreedores del país eran argentinos tenedores de
bonos, que los habían adquirido principalmente a través de los fondos de
jubilación y pensión que administraban las AFJP.85
Estos
papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños,
medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban
emitidos en dólares (72%) y euros (18%), aunque también había papeles en pesos
argentinos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más
exóticas como las coronas danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar
kuwaití.86
La
segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y
la que determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el
Peso, sino que entraría en circulación una nueva moneda no convertible, llamada
"Argentino", con la cual se financiaría planes de vivienda, se
otorgarían más de 100.000 subsidios y se utilizaría para otorgar un aumento a
jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión
económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió
re-unificar a la CGT. Sin
embargo no logró convencer a la
UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín,87 ni
a un importante sector político (encabezado por Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín,
Néstor Kirchner, Carlos Ruckauf y José Manuel De la Sota ),88 disconformes
con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata,
sino de manera gradual. Según el propio Rodríguez Saá, la falta de apoyo se
evidenció a partir de que anunció a la
UIA que no tenía pensado devaluar. "Ahí, todos los
gobernadores dejan de apoyarme", recordaría tiempo después.89 El
ya ex Ministro de Economía Domingo Cavallo declaró:
" ...toda la crónica periodística y las opiniones emitidas
durante esos días por el periodista Marcelo Bonelli, que desde
mucho tiempo atrás reflejaba el pensamiento de los principales dirigentes de la Unión Industrial
Argentina, me terminaron de convencer de que lo que estaba
ocurriendo era un quiebre institucional destinado a subvertir toda la
organización económica del País, que no se limitaba a la cesación de pagos
anunciada por el Dr. Rodríguez Saa.90 "
Ante
esta situación, Rodríguez Saá convocó a una reunión de gobernadores en la
residencia presidencial deChapadmalal, donde buscó
iniciar un intercambio de opiniones para encontrar una salida a la difícil
situación que atravesaba el país y conformar, además, un gabinete consensuado
con los mandatarios provinciales.
Sin
embargo, faltaron a la cita el cordobés José Manuel de la Sota , el santafesino Carlos
Reutemann, el santacruceño Néstor Kirchner, el fueguino Carlos Manfredotti y el
pampeano Rubén Marín, entre otros. Según Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde había
sido el conspirador para que la reunión en Chapadmalal fracasara.91
Sin
el apoyo partidario y asediado por protestas, que incluyeron actos de violencia
en el Congreso, a sólo una semana de asumir el cargo, presentó su renuncia el
30 de diciembre de 2001. La situación era tal que el propio Ramón Puerta
(Presidente del Senado), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera
hecho pública su renuncia. Por lo tanto, la sucesión recayó sobre el Presidente
de la Cámara
de Diputados, el "duhaldista" Eduardo Camaño. Éste convocó a la Asamblea legislativa, y
gestionó los acuerdos necesarios que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde, quién asumió el 2 de enero de 2002, con
mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 (hasta completar el mandato para el
que había sido elegido De la Rúa ).
La
medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de
convertibilidad, que regía desde 1991 y que había mantenido la
paridad uno a uno entre el peso y el dólar.92 Según
palabras del propio Duhalde:
"Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo
terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de
argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó
el trabajo de los argentinos.93 "
Así,
el 6 de enero de 2002, se derogaron los aspectos esenciales de la Ley de
Convertibilidad N° 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar
con reservas por el 100% de la base monetaria. También se suspendió la Ley N ° 25.466 de
intangibilidad de los depósitos y se delegó en el Poder Ejecutivo el
establecimiento de la paridad del peso y la reglamentación de regímenes
cambiarios.
En
su discurso inaugural Duhalde había prometido: "van a ser respetadas las
monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó
pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares".94 Sin
embargo, por Decreto 214/2002 de necesidad y urgencia del 3 de febrero de 2002
se “pesificaron” forzosamente créditos y deudas ($1 a U$S 1), los depósitos
bancarios ($1,40 a U$S 1) y se dispuso la estatización de parte de la deuda
privada de los bancos con los particulares, al compensarles las diferencia
entre $1 y $1,40 con una deuda a cargo del Estado.95
Con
respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su
predecesor Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de
intereses y capital. Solo se pagarían 3.500 millones de intereses de la deuda
en manos de acreedores locales, en línea con lo que se había acordado en el
último canje de bonos, que incluía un período de gracia de 2 años. En cambio, a
los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones más
favorables para la Argentina ,
con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una vez que la economía
empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de necesidad y urgencia
del 13 de marzo de 2002 también se “pesificó” la deuda pública nacional,
provincial y municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada U$S 1.96
Mientras
tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con
el FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la
deuda externa. El crecimiento de la deuda externa fue debido a la
"pesificación asimétrica". Eduardo Duhalde anunció la pesificación de los depósitos
bancarios en dólares a un valor de 1,40 por cada dólar, en cambio, los
préstamos y créditos otorgados tuvieron una tasa de cambio de 1 a 1. Ello fue lo que aumentó
la deuda externa en unos 47.000 millones de dólares.1
Restructuración de la deuda y canjes
Primer canje
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna
El
22 de septiembre de 2003, el gobierno argentino, dirigido ya por el Dr. Néstor Kirchner, propuso una quita promedio del 75% del valor
de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302
millones de dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo
Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres bonos: un Discount
(con una reducción del valor nominal), bonos Par (con mayores plazos de
vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de
capital), y bonos C (que requerirían un aporte de fondos). Los nuevos títulos
se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados.
El
plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default,
entre ella los distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a
jubilados, trabajadores estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos
a cambio de los depósitos que estaban retenidos por el "corralito"
bancario.97 Sin
embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los bonistas locales.98
El
1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires"
para reestructurar los pagos de la deuda. El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente
la operación de canje de la deuda en default. 99 99 A
cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:
· El bono Par (que no implicaba quita del
capital original adeudado) pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría
progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría
un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
· El bono Cuasi Par (que incluía una
reducción del 30,1% del capital) pagaría un interés del 3,31% más un
coeficiente ligado al índice de precios al
consumidor y
tendría un plazo de 30 años.
· El bono Descuento (que implicaría una
quita del 66,3%) pagaría el mayor interés, 8,28%, y tendría un plazo de 28 años
(vencimiento año 2033).
Los
bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto.
El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de
febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar
aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un
valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por
nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de
dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil millones en títulos Discount,
y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia
de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.
Los
principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total.
Después se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los
estadounidenses, con el 9,1%. Por el monto y la cantidad de títulos
involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólares, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos), se
consideraba que esta era la operación más importante de la historia financiera
mundial.
El
9 de febrero de 2005 el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley
cerrojo" prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo
que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier
transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al
canje.100
Cancelación de
deuda con el FMI y con España
El
3 de enero de 2006, la
Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario
Internacional (FMI)
concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares,101 un
pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados
hasta el 2009.102 Después
del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno:
estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas
internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Las
reservas del BCRA finalizaron ese año con un aumento de 4.000 millones de
dólares. Es decir, de U$S 28.078 millones las reservas del Banco Central
descendieron a U$S 18.580 millones y finalizaron el año con U$S 32.037
millones.103
El
31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron
un acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España
realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda ascendía a
982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBOR de + 140 puntos básicos.104
Reapertura del
Canje en 2010
En
septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anunció
un encuentro en Nueva York con
el Council of Foreign Relations, tras lo cual informó que en conjunto con tres
bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que
no habían ingresado en el canje de 2005.105
El
3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de
dólares106 El
entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó
"Con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en
condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de
año".107
En
octubre de 2009 el ministro de economía Amado Boudou anunció la reapertura del
canje de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts,
que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. El
15 de abril de 2010 el ministroAmado Boudou lanzó
el nuevo canje de la deuda. Con una quita del 66,3% a los inversores
institucionales y para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final
indicaba que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar
de los 20.000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del
siguiente modo:108 Para
ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la
economía.108 El
nivel de adhesión al canje se ubico por encima del 97 por ciento de los
acreedores.109 110
· Inversores institucionales: recibieron
un bono discount con una rebaja del 66,3% en la deuda
original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de
interés del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
· Inversores individuales: recibieron un
bono par sin ninguna quita.108
A
mediados de junio del 2010 la presidenta anunciaba un plan de desendeudamiento
para las provincias de Tucumán,Buenos Aires y Chaco.111 112 El
año finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7%
del PBI.113
El
3 de agosto de 2012 el Gobierno Nacional pagó los 2.197 millones de dólares
correspondientes la última cuota de intereses del BODEN 2012 que había sido
emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos
confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda
extranjera quedaba reducida al 8,4% de las obligaciones. Durante un acto
realizado el día anterior en la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta Cristina
Fernández celebró el hecho como el punto final del "corralito" Con
este pago, el peso de la deuda pública sobre la economía se reducía al 41,8 por
ciento del PBI, cuando en 2002 había llegado al 166 por ciento.114 115
Acuerdo con Club
de París en 2014
En
enero del año 2011 el monto adeudado con el Club de París rondaba los 9.000 millones de dólares. Hernán Lorenzino, el
secretario de Finanzas, junto con Amado Boudou encabezaban la comitiva, pero no
se logró cerrar las negociaciones.116 117 118
El
29 de mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner por
intermedio de la comitiva enviada a París encabezada por el ministro de
economía Axel Kicillof consiguen
un histórico acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de 5
años.
Argentina
y el Club de París alcanzaron un acuerdo para regularizar la deuda en default
arrastrada con esos países.En una prolongada reunión en la capital de Francia
que se extendió durante más de diecisiete horas, los miembros del foro de
acreedores y el equipo económico se pusieron de acuerdo en el mecanismo de
pago. La deuda se cancelará a lo largo de los próximos cinco años y contempla
un desembolso inicial en efectivo por 1150 millones de dólares: un pago inicial
en concepto de capital de 650 millones de dólares se realizará en julio de 2014
y los restantes 500 millones de dólares se entregarán en mayo de 2015. Como
solicitó Argentina, el FMI no participará de la operatoria. El acuerdo
estableció un pago mínimo de 3% que deberá afrontar Argentina por año y fijó un
criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones
provenientes de los países miembros del Club. Si durante el plazo de cinco
años, las inversiones adicionales fueran insuficientes para cubrir la deuda
total, el país puede posponer los vencimientos hasta dos años.
A
principios de agosto de 2007 la República Bolivariana
de Venezuela, negoció la compra de 4.572 millones de dólares en
bonos argentinos a una tasa del 10.6% para la construcción de una planta
regasificadora, que permitiría el envío de gas licuado desde Venezuela, la
operación se concretó por 400 millones de dólares.119
Fondo del
Bicentenario
En
marzo de 2010 se firmó el decreto 298, que establecía que el Banco Centraldebería
transferir 4.382 millones de dólares al Tesoro de sus reservas de libre
disponibilidad, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.120mediante el decreto de necesidad y
urgencia 2010/09
el "Fondo del Bicentenariopara
el Desendeudamiento" disponiendo del uso de 6.569 millones de dólares delBanco Central de
la República Argentina para garantizar el pago de la deuda externa y reducir los
intereses del financiamiento externo. Martín Redrado, Presidente
del Banco Central intento demorar su aplicación. El 7 de
enero de 2010 fue destituido por "incumplimiento de los deberes de
funcionarios público" y de "no tener reparo en omitir, rehusar o
retardar" la apertura del Fondo del Bicentenario.121 El
8 de enero fue sucedido por Miguel Ángel Pesce,
vicepresidente del BCRA hasta el 3 de febrero de 2010, cuando fue sucedido por
la presidenta delBanco Nación, Mercedes Marcó del Pont.122 <
Redrado presentó la renuncia el 29 de enero.123
El
Gobierno nombró a Mario Blejer, una figura muy respetada tanto en el ámbito
político como en el círculo financiero internacional, en reemplazo.124
Según
datos del FMI, la Argentina
experimentó en la última década una reducción del 73% de su deuda externa respecto
al Producto Bruto Interno y resultó ser el país con mayor nivel
desendeudamiento del mundo. Se destaca, también, que de acuerdo al ritmo del
crecimiento del producto bruto de la Argentina , en cinco años, la relación deuda/PBI
será aún menor y bajará al 40%.125 126 127 La Argentina contaba a fin de 2011 con u$s 251 mil
millones en activos externos, de los cuales u$s 46 mil millones eran reservas
internacionales Tiene una posición acreedora neta de u$s 52 mil millones
(+11%/PBI).128
El
23 de diciembre de 2011 la deuda era de 132.502 millones de dólares según los
datos del Banco Central de
la República Argentina (BCRA), siendo la más baja en 15 años, y 4,3 puntos
porcentuales menos que la deuda del 2012.129 Como
datos positivos se encuentran la reducción del porcentaje que ésta representaba
en el Producto Bruto Interno (PBI) del 54% al 32.2%130 y
la multiplicación de las reservas argentinas.1
En
2011 el 52,2% de la deuda se encontraba en manos de entidades nacionales como
el BCRA, la Administración
Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Banco de la Nación
Argentina; mientras el 10,4% pertenecía a organismos internacionales
como el Banco Mundial, el 3,4% al Club de París y el 33,4% restante al sector privado.1
En
2012 la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7
punto porcentual con respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369
millones de dólares. Una porción más pequeña, el 9,6 por ciento del PIB,
representaron los pasivos que retiene el sector privado nominados en dólares131 La
deuda pública que está en manos de acreedores del sector privado y de
organismos multilaterales de crédito equivale al 18,8 por ciento del PIB. El
resto es deuda intra sector público132
La
deuda externa bruta total a fines de marzo de 2014 se estimó en u$s 137.810
millones, lo que implica una reducción de u$s 562 millones respecto del
trimestre anterior.133 El
28 de julio de 2014 Argentina pagó 642 millones de dólares al Club de París en
un primer desembolso en concepto de capital adeudado tras el acuerdo firmado en
mayo de ese año.134 135 Sin
embargo la deuda de la ciudad de buenos Aires se multiplicó en 2007 hanía
compromisos a pagar por $ 1807 millones, y en 2014, sólo siete años después,
estos alcanzarán los $ 12 mil millones.136
Tercera
reapertura
En
agosto de 2013 la presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la
reapertura del canje de deuda y la posibilidad de cambiar la jurisdicción de
los bonos de ley extranjera por títulos idénticos de ley nacional. Sin embargo,
en principio, no se avanzó demasiado sobre el cambio de jurisdicción.162 Se
envió al congreso un proyecto para la reapertura del canje de deuda,
suspendiendo la vigencia de la denominada Ley Cerrojo.163 El
26 de agosto de 2013 la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anunció
el envío al congreso de un proyecto de ley para concretar una nueva reapertura
del canje de bonos de la deuda.164 El
radicalismo apoyó el proyecto de ley para reabrir el canje de deuda y prometió
apoyar si se cambia el lugar de pago.165
La
iniciativa apuntó a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la
conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no
ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El artículo segundo del
proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan
no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”,
en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.166 167168 El
cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional.169
En
Septiembre de 2014 el kirchnerismo decidió agregarles dos puntos al proyecto de
ley referido al pago de la deuda: aceptar a Francia como nueva jurisdicción
para el canje de bonos y crear una comisión bicameral para que investigue la
evolución de la deuda externa desde 1976 hasta la actualidad. Como punto
central, la norma plantea el canje voluntario, individual o colectivo de los
bonos bajo legislación norteamericana por otros títulos iguales, pero bajo
legislación local
Galasso, Norberto (2008). De la banca Baring al
FMI. Historia de la deuda externa argentina 1824.2001 (2 edición). Buenos
Aires, Argentina: Ediciones Colihue.
Articulos de diferentes diarios respecto a la hiperinflacion de 1989
Ardiente Primavera: “Desde fines
del año pasado, la moneda norteamericana cobró nuevo vigor y se revalorizó en
relación a la de otros países industriales. La razón: la Reserva Federal
que orienta Alan Greenspan mantiene elevadas las tasas de interés para reducir
la demanda doméstica y evitar un recalentamiento de la inflación (…) El aumento
de los intereses estimula la demanda de dólares para invertir en instrumentos
financieros norteamericanos y, por lo tanto, mejora la cotización de la
divisa.”Clarín, 5 de febrero de 1989.
“Disponen hoy feriado bancario y
cambiario. Replantean la política cambiaria ante la gran demanda de dólares.
Para preservar el stock de reservas el Banco Central no licitará más divisas
con lo cual la cotización del dólar financiero flotará libremente.
Fijan en 6 % la pauta de devaluación
del mercado comercial para este mes. La oposición señaló el derrumbe del Plan
Primavera.” Clarín, 6 de febrero de 1989.
“Las cuentas de casi todas las
empresas públicas de servicios volvieron el año pasado a ser escritas con rojo
profundo (…) lo que es importante es el impactante calibre de los déficit de
caja y las deudas impagas: 2332 millones de dólares (sobre una cotización
promedio para todo el año de 10,70 australes por dólar).” Clarín, 6 de febrero
de 1989.
“Estamos observando tiempos difíciles
en la relación de los acreedores y los gobiernos de Brasil, la Argentina y de
Venezuela. Un indicador insoslayable es que no hay demanda alguna de títulos de
la deuda de esos países y sus cotizaciones cayeron a niveles nunca antes tan
deprimidos.” Clarín, 20 de febrero de 1989.
Abandonando el
barco:
“El sector empresario rechazó ayer en
reunión del Comité de Política de precios la propuesta del Gobierno de imponer
un techo máximo para los aumentos. Tampoco aceptó tomar como referencia una
pauta del 6 %.” Clarín, 8 de febrero de 1989
“Una nueva devaluación del austral
dispuso anoche el gobierno nacional al modificar la fórmula como se liquidarán
las exportaciones agropecuarias e industriales dentro de un paquete de medidas
que no cuenta con el apoyo de las principales entidades empresariales las
cuales se declararon ‘prescindentes’ ante las decisiones oficiales. Las
modificaciones introducidas por el Banco Central implican un ajuste del dólar
para el campo del 15,7 % y un aumento del dólar industrial del 134,9 %. Estos
incrementos que tendrán un impacto inflacionario estarán acompañados por una
serie de disposiciones que entrarán en vigencia a partir de marzo que incluyen
un tope de aumentos de precios y un ajuste de tarifas públicas.” Clarín, 21 de
febrero de 1989.
“La Sociedad Rural
Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas reiteraron por separado sus
críticas a las recientes medidas económicas señalando que ‘se está siguiendo el
camino equivocado’.”Clarín, 24 de
febrero de 1989.
Todo al verde
“El que apostó al verde ganó un 77
por ciento en el mes.(…) A solo dos días de terminar el mes tanto el dólar como
las acciones y las tasas de interés sobrepasarán ampliamente el índice
inflacionario previsto (…). Pero los depositantes en los bancos habrán logrado
apenas mantener el poder adquisitivo de su dinero ya que los rendimientos para
pequeños ahorristas no pasaron del 18 % mensual. Los inversores medianos y
grandes que se mueven con soltura en la Bolsa , los exportadores que reciben dólares en
pago de sus productos y quienes pudieron cambiar sus australes a la verde
divisa habrán sido los ganadores del mes.” Página 12, 30 de marzo 1989.
“El dólar pasó la barrera del
sonido.(…) Al cierre de las operaciones la cotización del dólar libre, en la
punta compradora y vendedora fue 101/102.” Crónica, 8 de mayo de 1989.
Deuda eterna
“El presidente Raúl Alfonsín criticó
explícitamente al titular de la Reserva Federal de EE.UU., al señalar que las
subas de las tasas de interés determinadas por el señor Alan Greenspan ‘han
significado para la
Argentina la pérdida de 1000 millones de dólares anuales
últimamente’. El mandatario graficó que ni siquiera la Alemania de la posguerra
llegó a pagar lo que la
Argentina por los intereses de la deuda externa.” Página 12,
17/3/1989.
“A menos de dos semanas de los
violentos disturbios de Venezuela, que dejaron un saldo de 500 muertos tras las
manifestaciones contrarias a la aplicación de un severo plan de ajuste acordado
con el Fondo Monetario, el secretario del tesoro estadounidense, Nicholas
Brady, anunció ayer un nuevo plan para reducir la deuda del Tercer Mundo,
basado en negociaciones directas entre los bancos y los países deudores.”
Página 12, 11/3/1989.
“El presidente del Banco Central,
José Luis Machinea, ratificó su fe en los planes de ajuste impulsados por los
organismos financieros y la banca acreedora, pero a condición de que tales
programas de reformas sean ‘realistas y sostenibles en el tiempo’.” Página 12,
22/3/1989.
Deuda externa en
millones de dólares del año 1989: 65511 millones de dólares. (Fuente: INDEC,
Banco Central, Banco Mundial).
Salarios por la
escalera, precios… en avión
“…entre diciembre de
1983 y enero pasado la inflación acumulada fue de casi 120.000 por ciento
mientras que los sueldos quedaron retrasados en todos los sectores, en
proporciones que van desde un 137 por ciento (para los docentes) hasta un 29
por ciento (en el caso de los militares). (…) los docentes fueron los más
perjudicados ya que para mantener el nivel de compra que tenían sus ingresos al
inicio de la gestión democrática, un maestro de grado que se inicie en la
actividad debió haber cobrado 4936 australes en lugar de 2083 como percibió en
febrero. Del mismo modo, un obrero de la construcción cobró 2109 australes en
lugar de los 4772 que le hubieran correspondido de haberse reconocido el ajuste
por inflación.” Página 12, 4 de marzo de 1989.
“Al abrirse los negocios se hizo
evidente que durante el feriado de ayer las infernales máquinas remarcadoras no
se tomaron descanso y que no perdonaron ninguna mercadería. (…) En las
carnicerías de barrio, la nalga y la bola de lomo que el lunes costaban 104
australes el kilo, están hoy a 140.”
Crónica, 26 de mayo de 1989.
Según fuentes de la Secretaría de
Programación Económica- INDEC, el índice de precios al consumidor para el año
1989 fue de 4923,6 (en 1988 había sido de 387,7 y en 1990 de 1343,9). De
febrero a agosto de 1989 la inflación superó el 2300 %.
La desesperación
del hambre
“Dos muertos por bala de goma, más de
500 detenidos y 36 heridos -11 de ellos de bala- fue el saldo del estallido de
violencia y los ataques a comercios y supermercados en Rosario. Mientras el
gobierno decretaba el Estado de sitio por 30 días en todo el territorio
nacional para evitar que el vandalismo se multiplicara, se supo que 239
personas fueron detenidas en la provincia de Buenos Aires tras los asaltos a
negocios y supermercados en San Miguel y Quilmes.” Ámbito financiero, 30 de
mayo de 1989.
“El Gobierno y los partidos políticos
de Córdoba salieron hoy a la calle en una acción concertada para ‘paliar las
necesidades elementales y primarias’ emergentes de la crisis económica, en un
vasto operativo de distribución de alimentos en los barrios carenciados de la
capital provincial en donde no se registraron nuevos intentos de saqueos
durante la noche ni esta madrugada.” Crónica, 27 de mayo de 1989.
1989 SAQUEOS EN ROSARIO
“Una treintena de habitantes del
barrio Alberdi, a veinte minutos de colectivo del centro de la ciudad
[Rosario], entró ordenadamente en un supermercado de la cadena cooperativa
Supercoop, capturó changuitos y comenzó a llenarlos de todo tipo de
mercaderías, en particular alimentos. Algunas mujeres, algunos chicos, abrieron
allí mismo los paquetes de fiambres, (…) y comieron vorazmente.” Revista Somos,
31 de mayo de 1989.
“El saqueo ha sido de tal magnitud en
San Miguel, Moreno y José C. Paz que hoy la gente que no había participado de
ellos carecía de alimentos y deambulaba por las calles buscando entre las
ruinas alguna lata de conserva o un local que se animara a franquearle las
puertas.” Crónica, 31 de mayo de 1989.
SAQUEOS EN ROSARIO
Pobres contra
pobres
“Jacinto Sanfilippo está en la
terraza de su fábrica de embutidos en el oeste de Rosario, barrio Ludueña.
Tiene entre las manos una escopeta y los bolsillos desbordantes de cartuchos.
Espera esa columna de mil y pico de hombres, mujeres y chicos que viene de una
asentamiento. Aparece desde la esquina la cabeza de la multitud y no vacila:
dispara dos veces y dos hombres caen ensangrentados. Sanfilippo recarga y
recibe una pedrea que lo obliga a agacharse. El chacinero grita ‘váyanse’ y le
contestan más piedras. (…) llegan los federales, el barrio entero llora por los
gases, suenan balazos…” Revista Somos, 7 de junio de 1989.
La deuda y los militares
La deuda que nos agobia se origina a partir del año 1976, con el
derrocamiento del gobierno constitucional, y la llegada al poder del llamado
"Proceso de Reorganización Nacional". No es que antes no tuviéramos
deuda externa. Cuando el Dr. Héctor Cámpora llega al gobierno a través de
elecciones, tiene una deuda de unos 7.000 millones de dólares, heredados del
llamado gobierno de la "Revolución Argentina" (Onganía, Levingston,
Lanusse). Los gobiernos de Cámpora, el Gral. Perón e Isabel Perón, los reducen
en 500 millones, quedando un total de deuda pública (estatal) de 6.500 millones
y de deuda privada (sin avales del Estado) de unos 3.500 millones. Un total de
10.000 millones de dólares en conjunto, de los cuales sólo podían reclamarse al
Estado Nacional los 6.500 millones originales, en créditos a largo plazo. A
partir de 1976, la historia cambia.
Llegan los militares.
Llegan los militares y los civiles que los apoyan. Fundamentalmente un equipo comandado por José Alfredo Martínez de Hoz. Y la historia cambia, porque esta gente cambia drásticamente el modelo de país que tenían los argentinos hasta ese momento. Teníamos un país altamente industrializado, con un poderoso Movimiento Obrero, con controles a la importación, con baja tasa de desempleo no estructural, es decir, uno se podía quedar sin empleo durante un mes, dos meses, pero encontraba trabajo enseguida. Había una gran exportación de productos industriales (recordemos la exportación de automotores a Cuba, por ejemplo).
Llegan los militares y los civiles que los apoyan. Fundamentalmente un equipo comandado por José Alfredo Martínez de Hoz. Y la historia cambia, porque esta gente cambia drásticamente el modelo de país que tenían los argentinos hasta ese momento. Teníamos un país altamente industrializado, con un poderoso Movimiento Obrero, con controles a la importación, con baja tasa de desempleo no estructural, es decir, uno se podía quedar sin empleo durante un mes, dos meses, pero encontraba trabajo enseguida. Había una gran exportación de productos industriales (recordemos la exportación de automotores a Cuba, por ejemplo).
¿Y a partir de allí que pasa?
A partir de allí se proclaman los dogmas del llamado Consenso de Washington que son apertura importadora, desregulación, extranjerización de empresas del Estado. Porque cuando uno habla de problemas como la deuda externa, hay que saber donde se está parado.
A partir de allí se proclaman los dogmas del llamado Consenso de Washington que son apertura importadora, desregulación, extranjerización de empresas del Estado. Porque cuando uno habla de problemas como la deuda externa, hay que saber donde se está parado.
Nosotros nos paramos a partir de 1976, por un lado en este
Consenso de Washington, y por el otro en los Acuerdos de Breton Woods que
después de la Segunda
Guerra Mundial, dieron vida al FMI. Sobre estas dos patas
está parada hoy la
Argentina.
¿Pero por qué se genera la deuda?
En los años 70 se produce un problema internacional importante. Los países productores de petróleo exigen de los países industrializados un significativo aumento del precio del barril de crudo. Prácticamente, llevar el precio al doble. Para lograr ese objetivo deciden "cerrar la canilla" de petróleo a los países de occidente y Japón. Y lo hacen. Este embargo petrolero dura aproximadamente un mes, al cabo del cual los países industrializados aceptan subir el precio, pero con una salvedad. Pagarán más, pero en una nueva moneda, llamada petrodólar, que sólo puede utilizarse en los mismos países industrializados. La masa de petrodólares que llega a los países productores de petróleo es tan grande, que algo hay que hacer con ellos. Los gobernantes, principalmente los de los países árabes, podrían haber invertido ese dinero en sus pueblos, mejorar su calidad de vida. Importar, por ejemplo tecnología de los países centrales.
1966 Onganía MILITAR
de facto 3.276 + 46%
1967 3.240
1968 3.395
1969 3.970
1970 Levingston 4.765
1971 Lanusse 4.800
1972 4.800
1973 Cámpora/Perón FREJULI 4.890 + 62% A fines de 1975 cada habitante de la Argentina debía al exterior U$S 320
1974 Martínez de Perón 5.000
1975 7.800
1976 Videla MILITAR
de facto 9.700 + 465% El mundo vive en la era de los petrodólares, los bancos internacionales ofrecen créditos fáciles a tasas bajas. Comienza el gran endeudamiento del Estado argentino. A partir de 1980 se produce un viraje en la economía mundial. El crédito se vuelve escaso y caro. Pero nuestro país no parece estar a tiempo de virar: sigue aumentando su deuda, urgido por desequilibrios fiscales y comerciales. A fin de 1983 cada habitante debía al exterior U$S 1.500. (ver NOTAS 1, 2 y 3)
1977 11.700
1978 13.600
1979 19.000
1980 27.200
1981 Viola 35.700
1982 Galtieri 43.600
1983 Bignone 45.100
1984 Alfonsín UNIÓN
CÍVICA
RADICAL 46.200 + 44%
1985 49.300
1986 52.500
1987 58.500
1988 58.700
1989 65.300
Menem PARTIDO JUSTICIALISTA + 123% En 1992, el ministro Cavallo renegocia la deuda externa y logra ciertas postergaciones de las fechas de pagos y algunas deducciones de montos. Sin embargo, el endeudamiento sigue aumentando en forma galopante, engulléndose de paso lo que se pudo haber obtenido por las privatizaciones de empresas del Estado.
1990 62.200
1991 61.334
1992 62.586
1993 72.209
1994 85.656
1995 98.547
1996 109.756
1997 124.832
1998 140.884
1999 146.219
2000 De la Rúa ALIANZA POR EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN 147.667 + 22%
A fin del 2000 cada habitante debe al exterior U$S 3.800.
2001 De la Rúa 180.000
2004 Kirchner FRENTE PARA LA VICTORIA 191.000 Las cifras están en observación ya que se carecen de datos seguros al haber problemas respecto de la confiabilidad de los mismos. Hay que tener en cuenta el canje realizado por deuda y el pago al FMI. Pero el problema es que no está claro si ese pago es de deuda pura o por cambio de letras contra reservas del Banco Central (cambiar deuda de un lado por deuda de otro).
2009 Fernández 200.000
En los años 70 se produce un problema internacional importante. Los países productores de petróleo exigen de los países industrializados un significativo aumento del precio del barril de crudo. Prácticamente, llevar el precio al doble. Para lograr ese objetivo deciden "cerrar la canilla" de petróleo a los países de occidente y Japón. Y lo hacen. Este embargo petrolero dura aproximadamente un mes, al cabo del cual los países industrializados aceptan subir el precio, pero con una salvedad. Pagarán más, pero en una nueva moneda, llamada petrodólar, que sólo puede utilizarse en los mismos países industrializados. La masa de petrodólares que llega a los países productores de petróleo es tan grande, que algo hay que hacer con ellos. Los gobernantes, principalmente los de los países árabes, podrían haber invertido ese dinero en sus pueblos, mejorar su calidad de vida. Importar, por ejemplo tecnología de los países centrales.
AÑO PRESIDENTE DE LA NACIÓN PARTIDO DE GOBIERNO MONTO DEUDA EXTERNA
(millones dólares) % AUMENTO DE LA DEUDA EN EL PERÍODO DE GOBIERNO Observaciones1966 Onganía MILITAR
de facto 3.276 + 46%
1967 3.240
1968 3.395
1969 3.970
1970 Levingston 4.765
1971 Lanusse 4.800
1972 4.800
1973 Cámpora/Perón FREJULI 4.890 + 62% A fines de 1975 cada habitante de la Argentina debía al exterior U$S 320
1974 Martínez de Perón 5.000
1975 7.800
1976 Videla MILITAR
de facto 9.700 + 465% El mundo vive en la era de los petrodólares, los bancos internacionales ofrecen créditos fáciles a tasas bajas. Comienza el gran endeudamiento del Estado argentino. A partir de 1980 se produce un viraje en la economía mundial. El crédito se vuelve escaso y caro. Pero nuestro país no parece estar a tiempo de virar: sigue aumentando su deuda, urgido por desequilibrios fiscales y comerciales. A fin de 1983 cada habitante debía al exterior U$S 1.500. (ver NOTAS 1, 2 y 3)
1977 11.700
1978 13.600
1979 19.000
1980 27.200
1981 Viola 35.700
1982 Galtieri 43.600
1983 Bignone 45.100
1984 Alfonsín UNIÓN
CÍVICA
RADICAL 46.200 + 44%
1985 49.300
1986 52.500
1987 58.500
1988 58.700
1989 65.300
Menem PARTIDO JUSTICIALISTA + 123% En 1992, el ministro Cavallo renegocia la deuda externa y logra ciertas postergaciones de las fechas de pagos y algunas deducciones de montos. Sin embargo, el endeudamiento sigue aumentando en forma galopante, engulléndose de paso lo que se pudo haber obtenido por las privatizaciones de empresas del Estado.
1990 62.200
1991 61.334
1992 62.586
1993 72.209
1994 85.656
1995 98.547
1996 109.756
1997 124.832
1998 140.884
1999 146.219
2000 De la Rúa ALIANZA POR EL TRABAJO, LA JUSTICIA Y LA EDUCACIÓN 147.667 + 22%
A fin del 2000 cada habitante debe al exterior U$S 3.800.
2001 De la Rúa 180.000
2004 Kirchner FRENTE PARA LA VICTORIA 191.000 Las cifras están en observación ya que se carecen de datos seguros al haber problemas respecto de la confiabilidad de los mismos. Hay que tener en cuenta el canje realizado por deuda y el pago al FMI. Pero el problema es que no está claro si ese pago es de deuda pura o por cambio de letras contra reservas del Banco Central (cambiar deuda de un lado por deuda de otro).
2009 Fernández 200.000
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